Campaña global para la ratificación de la Convención internacional sobre la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

Intervención de la Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro

Relatora Especial de las Comisión de Derechos Humanos sobre los derechos humanos de los migrantes

Ginebra, 3 de diciembre de 2002




Estimados Señores y Señoras,

Tengo el placer de participar como Relatora Especial de la Comisión de derechos humanos a este encuentro organizado dentro del contexto de la campaña global para la ratificación de la Convención internacional sobre la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Mi mandato como Relatora consiste en examinar los medios necesarios para superar los obstáculos a la protección plena y efectiva de los derechos humanos de los migrantes.

Como ustedes saben, el marco jurídico legal para la defensa de los derechos humanos de los migrantes es muy amplio en el sentido que numerosos tratados internacionales contienen disposiciones que protegen los derechos humanos de todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad .

Se ha dicho en muchas ocasiones que la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares supone una reiteración de los derechos ya recogidos en estos textos internacionales. Efectivamente, el texto de la Convención es a veces idéntico al contenido de esos instrumentos, exceptuando la sustitución del término "personas" o "individuos" por "trabajadores migratorios y sus familiares". No obstante, la Convención aporta algunas mejoras y garantías suplementarias en materia de derechos individuales. Al ser de carácter general, la mayoría de los instrumentos mencionados no abordan ciertas situaciones concretas en las que los derechos humanos de los migrantes quedan desprotegidos. Además, la utilización de la fórmula "familiares" permite incluir en esta protección a los cónyuges, a los hijos menores de 21 años, a los hijos a cargo del trabajador, a los ascendientes del trabajador y de su cónyuge y a las personas que estuvieran a su cargo antes de emigrar.

Uno de los objetivos de la Convención es la incorporación de un estándar mínimo de derechos que serán respetados y garantizados por los Estados Parte a todos los trabajadores migrantes y sus familias que estén bajo su jurisdicción, aún en el supuesto de que éstos residan y trabajen en el Estado de acogida de forma irregular. En base a las denuncias que me han sido transmitidas durante mi mandato de Relatora Especial, he observado que en la gran mayoría de los casos, los abusos se comenten justamente contra ese tipo de migrantes. Al entrar, residir y trabajar de manera irregular en países que no son el suyo, estas personas se encuentran legalmente desprotegidas y susceptibles de ser víctimas de abusos y explotaciones. Cada día desde el inicio de mis funciones como Relatora Especial, llegan a mi conocimiento casos de migrantes que son víctimas de las redes del crimen transnacional organizado de la trata y del tráfico de personas, de detenciones arbitrarias, malos tratos o explotación laboral, por mencionar sólo algunos. Debido a su condición jurídica irregular, los migrantes temen denunciar estos abusos por miedo a ser descubiertos, detenidos y deportados. En este sentido, apoyo fuertemente la entrada en vigor de una Convención que reconoce los derechos humanos de los migrantes irregulares, incluyendo de este modo, algunos supuestos expresamente excluidos de otros tratados.

La Convención reconoce derechos tan fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de conciencia y de religión, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a recibir atención médica urgente o el derecho a su identidad cultural. Además los hijos de los trabajadores migrantes tendrán derecho al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad y tendrán acceso a la educación.

Entre los derechos reconocidos a todos los migrantes destacan el derecho a salir libremente de cualquier Estado y a regresar al suyo. Lamentablemente, en la actualidad, este derecho, reconocido en otros tratados, no se aplica debidamente. He recibido numerosas quejas de personas a las que no se les concede la autorización de salir de su propio país, incluso cuando su solicitud se basa en una demanda de reunificación familiar. También he recibido alegaciones según las cuales personas que habrían abandonado su país sin la documentación necesaria habrían sido sujetas a represalias a su regreso, así como casos de personas sin documentación que permanecen detenidas en los países de destino por la imposibilidad de ser deportados a sus países de origen que no quieren reconocerlos como ciudadanos.

Al reconocer los derechos de todos los trabajadores migrantes, se encuentren estos en una situación regular o irregular, la Convención pretende impedir la explotación de estas personas por parte de las empresas que contratan mano de obra sin cobertura legal y de la que pueden abusar impunemente. La explotación por parte de empresarios, contratistas y patrones sin escrúpulos que pagan salarios inferiores a los que pagarían a un extranjero en situación regular o a un nacional se combinan con los beneficios que obtienen si además no pagan sus obligaciones sociales y tributarias por las ganancias obtenidas. El carácter clandestino de estos trabajadores y la inexistencia de contratos de trabajo permiten al empleador imponer horarios de trabajo abusivos y condiciones de trabajo inaceptables que ponen en alto riego su salud.

Además, de acuerdo con la Convención, ningún trabajador migrante será sometido a esclavitud o servidumbre ni realizará trabajos forzosos u obligatorios y gozará de un trato que no sea menos favorable que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a la remuneración y a las condiciones de trabajo. A la luz de las numerosas alegaciones sobre explotación de migrantes en sectores laborales informales, tales como el servicio doméstico, estas disposiciones son de suma importancia. De hecho, las trabajadoras migratorias, por su doble marginación como mujeres y migrantes, pueden encontrarse fácilmente en una situación de vulnerabilidad a la violencia y a los abusos, tanto en el ámbito doméstico que en el laboral. Como señalé en mis informes, tanto las mujeres objeto de trata como las que migran voluntariamente pueden acabar en situaciones de explotación, violencia y abuso. Me preocupan los innumerables reportes sobre la trata de empleadas domésticas que se convierten en esclavas de sus empleadores y que están desprotegidas ante abusos sexuales, físicos y psicológicos cometidos en el ámbito privado. En muchos países numerosas mujeres son esclavizadas en la industria del sexo, incluso mujeres menores de edad.

El artículo 16 de la Convención establece que los Estados Parte garantizarán a todos los trabajadores migrantes una protección efectiva contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones. Quisiera subrayar la importancia de esta cláusula teniendo en cuenta el número de ataques xenófobos de los que a menudo son víctimas los migrantes. Este mismo artículo ofrece garantías a todos los migrantes en el contexto de la verificación de su identidad y de su privación de libertad. El informe que presentaré a la próxima sesión de la Comisión de derechos humanos contiene un estudio sobre la detención de los migrantes que refleja la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los extranjeros privados de libertad. Creo que la plena aplicación del contenido de esta Convención atenuaría considerablemente esta situación de desprotección.

Si bien el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todo extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley y que dicho extranjero tendrá el derecho a exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente, la Convención sobre los derechos de los migrantes garantiza este derecho a todos los migrantes, independientemente de que se hallen legalmente en el país.

Finalmente, la Convención establece que todos los migrantes, regulares e irregulares, tienen derecho a participar y afiliarse a cualquier sindicato y a otras asociaciones con miras de proteger sus derechos. Todos los trabajadores gozarán de la seguridad social, previo cumplimiento de ciertos requisitos.

Otro objetivo de la Convención es la concesión de determinados derechos adicionales de carácter económico, social y cultural a los migrantes que se encuentren en situación regular. En particular, bajo la Convención los migrantes documentados gozan de los siguientes derechos: derecho a ser informado por el Estado de origen o de empleo de todas las condiciones aplicables a su admisión; derecho a establecer asociaciones y a participar en asuntos políticos; igualdad de oportunidades y trato en relación con diversas cuestiones económicas y sociales; derecho a la reagrupación familiar; libre elección de empleo; igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en la protección contra los despidos, las prestaciones de desempleo, además de una serie de derechos en cuanto al procedimiento de expulsión.

La Convención no es únicamente un catálogo de derechos, también es un instrumento que los migrantes pueden utilizar para hacer valer estos mismos. En virtud del artículo 83 de la Convención, toda persona - sea cual sea su condición jurídica - cuyos derechos o libertades hayan sido violados podrá obtener una reparación efectiva. Además, la Convención crea un mecanismo de supervisión de su cumplimiento, el Comité. Como los otros comités de vigilancia de los tratados, el Comité examinará los informes presentados por los Estados partes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a las disposiciones de la Convención. El Comité también examinará los comentarios y materiales que la Organización Internacional del Trabajo aporte en base a sus conocimientos especializados respecto de las cuestiones tratadas en la Convención. A través del Comité, la Convención establece un procedimiento de quejas entre Estados y un procedimiento de quejas para individuos. Este último procedimiento constituye una valiosa innovación en la protección de los derechos humanos de los migrantes. Los dos procedimientos de quejas entraran en vigor en el momento en que diez Estados Parte se comprometan voluntariamente a cumplirlos.

Otra de las particularidades de esta Convención es que no sólo define cuales son las obligaciones de los Estados vis-à-vis del migrante como individuo. De acuerdo con la Convención, los Estados Parte también formularán políticas sobre migración, intercambiarán información con otros Estados Partes, suministrarán información a empleadores, trabajadores y sus organizaciones acerca de las políticas, leyes y reglamentos relativos a la migración y asistirán de manera general a los trabajadores migratorios y sus familias. Asimismo, los Estados Parte tomarán determinadas medidas para combatir la migración ilegal o clandestina. A su vez, de acuerdo con la Convención, los migrantes y sus familiares tienen el deber de cumplir las leyes y reglamentaciones de los Estados de tránsito y de empleo y de respetar la identidad cultural de los habitantes de estos Estados.

A lo largo de mis tres años de trabajo, he sostenido que la protección de los derechos humanos de los migrantes se vincula directamente a la gestión migratoria y no debe quedar como un tema aislado de su contexto. Tampoco es incompatible con la soberanía que ejercen los Estados para controlar sus fronteras y la entrada de personas en su territorio. En este sentido, la migración debe desarrollarse en un contexto de dignidad para los migrantes, reflejando las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. A su vez es necesario desarrollar un marco general de gestión y prevención de la migración irregular, empezando desde los Estados de origen. Contrariamente a muchas creencias comunes, las violaciones a los derechos humanos de los migrantes no ocurren sólo en los Estados de destino. Las violaciones empiezan en el país de origen donde la corrupción, el no respecto de los derechos fundamentales y la discriminación crean condiciones que no permiten el arraigo de los nacionales en su propio país. La ayuda económica al desarrollo no puede resolver por sí sola esta problemática. Es importante reconocer que en este fenómeno dinámico en el que intervienen diversos actores los estados de origen, tránsito y destino comparten la responsabilidad de dar una respuesta articulada y digna a los problemas enfrentados por los migrantes y los desafíos sociales que la migración implica. En relación con la prevención del trafico no se puede evadir una discusión profunda sobre el ordenamiento de los flujos migratorios allí donde existe una demanda real de inmigración. A su vez es necesario desarrollar políticas eficaces de prevención de la migración irregular, empezando en los países de origen a través de la adecuada documentación de los nacionales, campañas informativas y la generación de condiciones de arraigo a estos países.

La Convención ofrece un enfoque holístico de los derechos humanos de los migrantes y sintetiza en un único instrumento una amplia gama de derechos. Además, tiene en cuenta todas las particularidades del fenómeno migratorio para proteger de manera más eficaz a las víctimas de los abusos que pueden cometerse contra los migrantes tanto en los países de origen, de tránsito o de destino. Por estas razones, su entrada en vigor me parece capital.

Desde su aprobación por la Asamblea General en 1990, sólo 19 Estados han ratificado la Convención internacional sobre la protección de los derechos fundamentales de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Ésta, entrará en vigor tres meses después de la vigésima ratificación o adhesión. Por lo que se refiere a sus mecanismos, hasta le fecha ninguno de los Estados Parte ha reconocido la competencia del Comité a examinar quejas individuales. No obstante, confío en que en un futuro próximo se alcance el número necesario de ratificaciones para su entrada en vigor y que los Estados otorguen al Comité la facultad de examinar las quejas sometidas por los migrantes cuyos derechos han sido vulnerados.

La ratificación de la Convención no supone una ingerencia en la soberanía nacional de los Estados, ni conlleva muchas obligaciones suplementarias para los Estados. Como he dicho anteriormente, la Convención sintetiza los derechos humanos de los migrantes enunciados en otros instrumentos internacionales, interpretándolos de manera a paliar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes y a ampliar el número de sus beneficiarios. La ratificación de esta Convención es una reafirmación de los principios reconocidos y de los compromisos adquiridos previamente a través de otros tratados de derechos humanos. La Convención constituye igualmente un instrumento muy apropiado para combatir el tráfico y la trata de personas para su explotación así como el empleo irregular y abusivo de migrantes, ya que les garantiza una amplia gama de derechos y medios para hacerlos valer. Por todo ello, me sumo a la campaña para la ratificación de la Convención sobre los derechos de los migrantes e invito a todos los Estados, ya sean estos lugares de origen, de tránsito o de destino, a hacer de este instrumento una realidad.

Muchas gracias.